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El rechazo por parte del pleno de la Convención a la mayoría de los artículos sobre educación, representa una oportunidad para que, en esta fase de ajustes, se pueda avanzar en mayores acuerdos. Esto implica dejar de lado los dogmas, las definiciones rígidas y las caricaturas o creencias que existen respecto tanto de la educación pública como de la particular subvencionada. Cuestionar la calidad de la primera es tan discutible y nefasto como instalar dudas sobre el compromiso de la segunda con el bien común de la sociedad.

Como país hemos aprendido que en muchas áreas se ha dado una relación virtuosa entre lo estatal y lo particular, tendiente al bienestar y ejercicios de los derechos de la ciudadanía, más aún, considerando en este caso la relevancia que tiene la educación por su condición habilitante de otros derechos.

Por supuesto que, en este ámbito, nuestra historia no ha estado exenta de tensiones y abusos en ambos sectores, sobre todo con el uso de los recursos, detectados muchas a veces gracias a las movilizaciones sociales. Pero tales casos no pueden opacar todos los avances positivos que ha permitido esta colaboración, en términos de cobertura y de una progresiva conquista de mayor calidad e inclusión. Además, las malas prácticas han supuesto tremendos aprendizajes, plasmados en mejoras legislativas y correctivas.

Mantener esta colaboración es esencial para fortalecer nuestro sistema educativo, de tal modo que verdaderamente el Estado pueda ser garante del derecho a la educación, tanto en su rol sostenedor como coordinador de toda la oferta educativa, de un modo ecuánime y resolutivo. En este sentido es clave que haya una opción por el fortalecimiento de la educación pública, así como también del sentido público de la educación, independientemente de quien la provea. De este modo, cuando se trata de poner a los estudiantes y a sus familias en el centro, no hay fronteras rígidas, pues toda educación es pública cuando se perfila verdaderamente como bien público y toda educación es particular cuando busca responder a la heterogeneidad de la población, en cada territorio y de acuerdo con sus necesidades, valores y cosmovisiones.