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El próximo Martes se discutirá en el Senado el presupuesto de Educación, rechazado por la Cámara hace algunos días. Si éste se vuelve a rechazar las consecuencias serían catastróficas, y esto no es mero "catastrofismo". Se cree erróneamente que es cosa de blufear en el Parlamento y sus graderías, pero que las cosas al final se arreglan. Si se rechaza el presupuesto al gobierno le quedan muy pocas, tardías y dudosas herramientas para reponer - via nuevas iniciativas y vetos legislativos de incierto destino o vía acciones constitucionalmente cuestionables - asuntos tan vitales como el presupuesto para 60.000 niños en jardines Integra, el pago de personal a contrata, programas de alimentación escolar, o el Aporte Fiscal Indirecto, entre muchos otros. Sólo sobreviven ítems asegurados por ley, como subvenciones y pagos de personal de planta.

Por otro lado, el conflicto ha impedido - una vez más -avanzar legislativamente en temas tan sustantivos como mejores becas para estudiar pedagogía, la acreditación rigurosa de carreras de pedagogía, la formación de directivos o la proporción de horas lectivas versus no lectivas.

Además, las consecuencias de este rechazo en materia de gobernabilidad e imagen del Estado, son devastadoras. Le hacemos tan sólo una pregunta a los candidatos presidenciales: ¿qué opinan sobre el impacto de este tipo de maniobras parlamentarias, de miembros de sus propias coaliciones, no sólo para la educación, sino para la gobernabilidad?

¿Pero.... la presión parlamentaria para saldar la deuda histórica no es acaso legítima?

Antes de responder esta interrogante, es necesario aclarar que, a pesar de los avances en asuntos como la cobertura educacional, Educación 2020 tiene una opinión muy crítica de lo que se ha hecho en los últimos 40 años en educación, por parte de las mismas coaliciones que hoy rasgan vestiduras en el Congreso. Como mero ejemplo, tan sólo un 25% de los escolares maneja adecuadamente la lectoescritura, la carrera docente está gravemente deteriorada y hasta hoy existe un porcentaje (menor de lo que se cree) de docentes con una jubilación entre 100 y 150 mil pesos. Serán comparativamente pocos profesores los así jubilados, pero es igualmente intolerable.

Por otro lado, es curioso, más bien francamente incomprensible, que el Informe de la Cámara de Diputados sobre Deuda Histórica omita los esfuerzos de los últimos 20 años en materia de aumentos remuneracionales, o los bonos sustanciales de retiro a los cuáles ya se han acogido más de 20 mil profesores. Estos esfuerzos han sido superiores a los hechos con el resto de la población y/o los funcionarios públicos, dañados masivamente en su previsión. Las remuneraciones docentes se han más que duplicado en valor real (con un obvio impacto previsional para aquellos más recientemente jubilados y los que jubilarán a futuro). Asimismo, los bonos e incentivos al retiro, sumados, han permitido jubilaciones respetables a muchos profesores en la última década. Los rezagos previsionales severos se dan mayoritariamente en profesores jubilados durante los años 80 e inicios de los 90.

Por cierto, es importante destacar que el gobierno ha hecho una pésima tarea comunicativa para explicarle a la ciudadanía estos avances. ¿Por qué no ha difundido una simple tabla explicando cuántos profesores tienen hoy una jubilación de cuánto dinero, cuándo la recibieron, y cómo se compara con las jubilaciones de otros sectores? ¿Por qué no ha explicado con claridad cuántos profesores están ganando cuánto dinero, en distintos tramos de antigüedad? ¿Por qué no divulga estos datos el propio Colegio de Profesores? Si en Educación 2020 tuviéramos acceso a estas cifras, ciertamente las estaríamos publicando.

Como consecuencia de esta pésima labor comunicativa del gobierno y de la intransigencia de la directiva gremial, el tema de la deuda histórica se ha convertido en un icono de combate sindical y de electoralismo barato, más que en un tema de política pública a ser abordado con objetividad y altura de miras.

En suma, nuestra respuesta a esta pregunta es que ésta no es manera de hacer las cosas. Con la educación no se juega, y menos aún con párvulos, escolares de básica  y estudiantes a punto de rendir la PSU, así como sus apoderados, que han sido gravemente dañados con una seguidilla de paros que objetivamente es incompatible con los esfuerzos financieros realizados.
 
Las vías de solución

El peor escenario posible sería una resolución del conflicto bajo presiones, vía "parches curita" confusos, con el Colegio de Profesores continuando su actitud sistemáticamente confrontacional. Esto implicará una nueva seguidilla de paros del 2010 en adelante, con ocasión del cambio de gobierno, la inminente negociación colectiva del magisterio, y las futuras elecciones del propio Colegio.

El futuro del país está en el futuro de la educación, y el futuro de la educación está, entre otras cosas, en un gremio dispuesto al diálogo sustantivo y de largo plazo, y en su actuación como verdadero Colegio profesional, siendo los primeros en vigilar y sancionar aquellas conductas o desempeños inadecuados de sus integrantes.

En el corto plazo, confiamos en que prime la sensatez y se apruebe el presupuesto. Hemos sido informados que esta semana se han realizado avances normativos muy significativos para mejorar la situación de los maestros más dañados en su jubilación, por rutas derivadas de la reforma previsional. Así por ejemplo, aquellos escasos docentes que hoy están recibiendo - muy injustamente - 100.000 pesos de jubilación, pasarán dentro de poco a recibir 195.000. Por cierto, esta reciente mejora realizada por el gobierno significa, en los hechos, que SI había deuda. A la vez, no se puede decir que este no es un esfuerzo reparatorio significativo, aunque por cierto casi ninguna jubilación en Chile, como resultado de la terrible inequidad salarial, va a ser adecuada. Nuevamente, lo que resulta poco comprensible, es el retardo y poca claridad del gobierno para anunciar esto.

En el largo plazo, Educación 2020 considera que la única solución es darle punto final a esta larga época de conflictos y desgaste, que paraliza reformas sustanciales y daña gravemente la educación pública, con la negociación de una ley integral de Carrera Docente, que aborde entre otros temas la selección al ingreso, las remuneraciones, los mecanismos de evaluación, los incentivos, el rol de los directivos, jubilaciones dignas, y un transitorio que resuelva prudentemente aquellos rezagos previsionales para los profesores dañados en los años 80 que continúen persistiendo después de las más recientes medidas.

fuente: latercera.com